| imprimir nota

Por Carlos del Frade
El Vaticano alentará la presentación de Egardo Storni ante la justicia provincial santafesina por las causas iniciadas en su contra por abuso sexual, coacción y administración fraudulenta, más allá de las maniobras legales de su abogado defensor que intentará frenar el avance de las investigaciones. Las tibias expresiones de los principales integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina solamente se explican por un detalle que ha pasado inadvertido para los grandes medios de comunicación nacionales y provinciales: Storni es el tercer hombre en importancia política en la Iglesia argentina por orden de precedencia, una escala jerárquica similar a los oficiales de las fuerzas armadas y su estrella personal fue acompañada por los compromisos de los ex nuncios apostólicos Pío Laghi y Ubaldo Calabresi, y por los ex titulares de la máxima autoridad religiosa en el país, Juan Carlos Aramburu y Raúl Francisco Primatesta. En el fondo del presente, está el conjunto de relaciones entre los factores de poder de la provincia que se sintetiza en los abusos de Storni. Esa es la verdadera discusión que, sin dudas, supera la instancia judicial y necesita de un ámbito público y político.

Lo coyuntural

El Papa Juan Pablo II "está estudiando la situación" del renunciado arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, pero "aún no hay respuesta", confirmó este sábado el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio. En conferencia de prensa, al término de la Asamblea Plenaria Extraordinaria realizada en Pilar, Bergoglio informó que durante la reunión "como hermanos obispos hablamos del tema" y agregó que "lo que sabemos es que el arzobispo Storni espontáneamente puso su cargo a disposición del Santo Padre y que hay una causa en la justicia y eso sigue su curso".
En la escala jerárquica y política de la Iglesia argentina, Bergoglio es el número uno de los obispos, seguido por Estanislao Karlic y luego por el propio Storni.
Mientras tanto, en Santa Fe, el cura Sergio Capocetti, varias veces censurado desde el arzobispado por su pastoral comprometida con los trabajadores, señaló que “todos los sacerdotes habían notado la faltante de dinero” en el manejo de los fondos de la Colecta “Más por Menos” que también investiga la justicia provincial.
Según Capocetti, el Papa “les pidió la renuncia a quienes estuvieron implicados en este tipo
de casos en los Estados Unidos”, declaró al programa radial “Planeta Radio”.
Agregó que “muchos sacerdotes conocían el tema, muchos lo habían hablado, pero nadie quiso mandar la documental. Yo hice fotocopia de los balances que a mí me llegaban, como le llegan
a todas las parroquias, a todos los colegios y también a la Conferencia Episcopal”.
Capocetti tomó contacto con integrantes de la Conferencia Episcopal y les dijo que “había una equivocación en sus números, porque lo que enviaba e informaba públicamente el arzobispado era una cifra muy superior a la que aparecía en las publicaciones de la Conferencia. Así fue que yo pensé que había un error. Me pidieron los papeles y yo se los envié. En realidad yo no hice ningún tipo de investigación específica o personal, lo que hice fue sumar dos columnas de balances de publicaciones con difusión social como lo exige el derecho canónico y listo” agregó Capocetti.
El sacerdote dijo tener “esperanzas en que todo esto sirva para descubrir la verdad y en la verdad seguir construyendo. En el dolor, en la vergüenza que sentimos muchos sacerdotes, acompañando a otros laicos comprometidos y no tan comprometidos, que han sido escandalizados por todo esto. Me cuesta reflexionar todo esto porque tengo mucha vergüenza encima y siento toda esta mentira que nos han hecho atrasar mucho tiempo. Nos han hecho atrasar como institución y vas a ver que
va a pasar como en una familia porque esta crisis nos va a servir para crecer” concluyó Capocetti.
El viernes anterior, la defensa del arzobispo de Santa Fe solicitó al juez Eduardo Giovannini el archivo de la causa en donde se investigan los supuestos abusos sexuales por parte del renunciante arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Gabriel Storni.
Jauchen presentó un escrito de cuatro carillas en el que solicita el inmediato archivo de la causa, al
entender que no existen elementos que configuren el delito de corrupción de menores.
El letrado fundamentó su posición al analizar que ese es el único delito que no estaría prescripto y por ello, al no existir una imputación concreta, solicitó el cierre de la causa.

La renuncia

-Nadie sabe qué hacer ni siquiera aquí.
Orando he venido a concluir que solamente yo, como pastor, he de asumir el momento tan grave y romper este círculo infernal -escribió el todavía oficialmente arzobispo santafesino, Edgardo Gabriel Storni, en la carta firmada el día de la primavera de 2002 desde Roma.
Así renunciaba “a la sede arzobispal santafesina” sin reconocer “culpas” ni aceptar “acusaciones. Todo lo contrario”.
Storni cumple con el rol de hacer individual una crónica de abusos de factores de poder en el último cuarto de siglo.
Es un nuevo acto de servicio al Vaticano.
En la carta enviada a las más de cien parroquias de la provincia eclesiástica de Santa Fe, Storni se dice “sucesor de los apóstoles y vicario de Cristo”.
Ni una sola mención a Zazpe. Lamenta “la miserabilidad de tanto” y las perdona y describe la serie de informaciones sobre su pastoral como una “maquinación imparable contra personas e instituciones arquidiocesanas” y que la “perversidad abarca a todos, en todos los niveles”.
No se trata de una renuncia ni al estado clerical ni al rango de arzobispo.
Su gesto “para curar las heridas, levantar los ánimos y recrear la fraterna y gozosa comunión” busca impunidad vaticana que le ayude a gambetear los embates de la justicia de instrucción santafesina.
Si el Vaticano no lo acusa según el Derecho Canónico, tampoco sería alcanzado por los códigos de justicia civil.
El arzobispado santafesino entraría en la figura contemplada en el artículo 2 del Capítulo III del Derecho Canónico, “de la sede vacante”, entre los cánones 416 y 430. “Al quedar vacante la sede y hasta la constitución del administrador diocesano, el gobierno de la diócesis para al obispo auxiliar, y si son varios, a aquel que es más antiguo por el orden de promoción; si no hay obispo auxiliar en cambio, al colegio de consultores, a no ser que la Santa Sede provea otra cosa. Quien de este modo asume el gobierno de la diócesis, convocará sin demora al colegio que sea competente para designar un administrador diocesano”, sostiene el cánon 419.
Es curioso el concepto que establece el cánon 428: “estando vacante la sede, nada debe innovarse”.
Se prohíbe a los administradores diocesanos “tanto personalmente como por medio de otros, sustraer o destruir o bien modificar de cualquier modo, cualquier documento de la curia diocesana” (cánon 428).
Algo que el propio Storni no tuvo en cuenta con los papeles de Zazpe ni con los del curita José Luis López, muerto en un extraño accidente automovilístico en abril de 1995, luego de haber denunciado la complicidad entre integrantes de La Santafesina SA, punteros del PJ, y vendedores de drogas en Villa Yapeyú, en la capital provincial.

Detrás de Storni

-Mire, gobernador, la decisión sobre el futuro arzobispo de Santa Fe la tomará el Vaticano. Le agradecemos sus datos e información, pero la cosa se define en Roma a través de la nunciatura -le dijeron Ubaldo Calabresi, Raúl Francisco Primatesta y Juan Carlos Aramburu al entonces titular del ejecutivo santafesino, contador José María Vernet.
El Nuncio Apostólico tiene como función “informar, de modo estable y objetivo, a la Santa Sede, sobre las condiciones de las comunidades a las que haya sido enviado, y sobre cuanto pueda tener un reflejo en la vida de la Iglesia y en el bien de las almas”.
También tiene que “ayudar, aconsejar y colaborar con las Conferencias Episcopales y con cada uno de los obispos del territorio que le ha sido confiado, respetando naturalmente el ejercicio de la jurisdicción que le es propia”.
Y en forma paralela, “promover y favorecer las relaciones entre la Santa Sede y el estado ante el que se ha acreditado”.
La historia funcional de Storni está relacionada con la actuación de tres nuncios en la Argentina, Pío Laghi, desde abril de 1974 a diciembre de 1980; Ubaldo Calabresi, desde enero de 1981 a febrero de 2000; y Santos Abril Castelló, desde el 4 de marzo de 2000 al presente.
-¿Qué quiere usted acá?. ¿Qué viene a buscar a la Iglesia?- le espetó en la cara Pío Laghi a Ana Giacobe en una entrevista mantenida en 1978, cuando la mujer fue a solicitar ayuda por su marido secuestrado y desaparecido desde el 6 de agosto de 1976, Gustavo Ponce de León.
“Vengo a pedir por la vida de mi marido porque se que ustedes tienen mucho poder. Creo que todavía puedo pedir por la vida de mi marido”, balbuceó Ana.
-Yo lo único que le puedo decir, señora, es que ustedes eran subversivos. Así que le pido que tenga resignación cristiana -respondió el representante del Papa en la Argentina.
Antes de semejante respuesta, Pío Laghi había sacado una carpeta que en la primera página tenía las fotos familiares robadas durante el secuestro.
-¿Este es su marido? - le preguntó señalando una foto con los tres chicos del matrimonio. Cuando Ana quiso saber cómo habían llegado esas imágenes a su poder, el Nuncio la cortó en seco: “A usted eso no le importa”. La acusó de haber sido adoptada por Amnesty International, claro indicio de que se trataba de subversivos, según la interpretación de Pío Laghi.
La mujer apenas pudo cuestionar que “si era digno del hábito que vestía debía alentar la fe y la esperanza y no recitar la resignación, aún si creía que se tratara el peor de los criminales”.
De regreso a Rosario, Diego, uno de sus hijos, le preguntó a un sacerdote si hablaría sobre los desaparecidos.
Salió de los bancos, se cruzó ante el altar y lo tironeó de la sotana.
-¿Usted no va a hablar de mi papá? -preguntó el pibe de menos de seis años.
-Nosotros venimos a la iglesia porque usted iba a hablar de mi papá y usted no dijo nada que está desaparecido - insistió el nene.
En 1995, Ana Giacobe volvió a la Nunciatura, en Alvear al 1600 en Capital Federal. Llevaba una carpeta con los nombres de los sacerdotes vinculados al terrorismo de estado.
Ya no estaba Pío Laghi, sino Ubaldo Calabresi, desde el 22 de enero de 1981.
-La Iglesia es indestructible. La Iglesia hizo todo lo posible durante la dictadura, señora - le dijo.
Y justificó a Pío Laghi diciendo que “como era extranjero, no sabía bien el significado de las palabras”. De allí que haya confundido fe con resignación en aquella entrevista de 1978.
Fue durante el período de Pío Laghi cuando se produjo el mayor enfrentamiento entre Vicente Zazpe y el Vaticano y la llegada de Storni, primero como obispo auxiliar y luego como titular del seminario santafesino.
-Me extraña que Laghi diga que estamos gobernados por criminales porque juega al tenis conmigo cada quince días -le dijo Emilio Eduardo Massera, contó Emilio Mignone en su libro “Iglesia y dictadura”.
El 26 de junio de 1976 le dijo a periodistas del diario “La Nación” que “la misión de las tropas era de autodefensa”, en relación a la función del Ejército en Tucumán, para luego agregar que “en ciertas situaciones la autodefensa exige tomar determinadas actitudes, con lo que en este caso habrá de respetarse el derecho hasta donde se pueda”.
Pocos meses antes, Zazpe había concluido su informe sobre la pastoral de Enrique Angelelli en La Rioja, calificándola como el mayor ejemplo de cristianismo sobre la Tierra.
Estaba encargado de brindar información al Vaticano luego de las denuncias en contra el ministerio riojano a quien acusaban de comunista.
El 4 de agosto, Angelelli era asesinado. Figuraba, entre otras listas, en una elaborada por Emilio Massera que señalaba los “obispos rojos” de la Argentina, según señalaron fuentes norteamericanas citadas por Martín Andersen en su libro “Dossier Secreto”.
Zazpe le había pedido protección especial para Angelelli al responsable eclesiástico de la provincia de La Rioja, el entonces arzobispo de Córdoba, Raúl Francisco Primatesta. Nunca contestó la carta. Por esa negligencia tuvo que contestar por escrito ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en 1984 ante el requerimiento de la abogada María Elba Martínez.
Unos días después del asesinato de Angelelli, el 12 de agosto de 1976, Zazpe fue encarcelado por la policía ecuatoriana en Riobamba, junto a otros 16 obispos y 36 sacerdotes, religiosas y laicos latinoamericanos. El único apoyo que recibió de la Nunciatura y de la mayoría de los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina fue el silencio.
-Vea Mignone, de aquí a algunos años la Iglesia va a estar en la picota. Es tan tremendo esto, que no me alcanza el día para atender las familias de los desaparecidos, que vienen de todo el país - le dijo Zazpe a uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales en 1977.
El 4 de enero de ese año, Edgardo Gabriel Storni, hijo de padre agnóstico y miembro de una familia muy humilde, accedió al cargo de obispo auxiliar de Santa Fe.
Venía del Vaticano con la misión de neutralizar la pastoral que tantos problemas ya le causaba a la Conferencia Episcopal Argentina y, fundamentalmente, a los factores de poder santafesinos y nacionales. La pastoral de Zazpe debía vaciarse.
Pío Laghi era el Nuncio y Primatesta, uno de los principales referentes de una política de silencio cómplice con los crímenes del terrorismo de estado.
La muerte de Paulo VI, el 6 de agosto de 1978, cerró el ciclo de transformaciones políticas en el Vaticano señaladas en la encíclica “Popolurum Progressio”. Luego vino el pontificado de solamente 33 días de Juan Pablo I, su misteriosa muerte y el reinado de Karol Wojtyla, desde el 16 de octubre de 1978.
El 23 de octubre de 1979, el nuevo Papa le pidió al episcopado argentino que “se hiciera eco del angustioso problema de personas desaparecidas en esa querida nación, pues dañan el corazón de muchas familias y parientes”.
Primatesta, el 13 de noviembre de aquel año, dijo que las manifestaciones de Juan Pablo II “habían sido parcializadas”.
El 5 de julio de 1980, el mismo Papa, luego de entrevistarse con un grupo de Madres de Plaza de Mayo en Porto Alegre, reveló su verdadero punto de vista: “Ahora se preocupan por dar respuestas que no daban antes. El asunto de los desaparecidos había sido planteado en conversaciones privadas pero no se podía hablar públicamente. De cualquier manera siempre tratamos en el pasado y continuaremos tratando de obtener información”.
Dos años después, el arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, sostuvo en una entrevista publicada el 19 de noviembre de 1982 en “Radiolandia 2000”, que “en la Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le corresponde un ataúd. Todo se registró regularmente en los correspondientes libros. Las tumbas comunes son de gente que murió sin que las autoridades consiguieran identificarlas. ¿Desaparecidos?. No hay que confundir las cosas. Usted sabe que hay desaparecidos que hoy viven tranquilamente en Europa. Yo no me explico por qué se sacó ahora este asunto de la guerrilla y del terrorismo que ya ha terminado hace tiempo. La Iglesia atendió todos los pedidos que le llegaron...el problema debe ser afrontado en términos realistas y razonables”, dijo Aramburu.
El 28 de abril de 1983, la Junta Militar difundió el llamado documento final sobre los desaparecidos en la Argentina que fue rechazado hasta por el propio Papa.
La única institución que salió a defenderlo fue la Conferencia Episcopal Argentina, conducida por entonces por Juan Carlos Aramburu, Raúl Francisco Primatesta y Jorge Manuel López, arzobispo rosarino que había reemplazado a Zazpe que reclamaba una actitud más firme de parte de sus colegas ante los crímenes del terrorismo de estado.
Días después, el 5 de junio de 1983, desde el micrófono de Radio Nacional Santa Fe, Zazpe sostenía que aquel documento contenía “el principio irremediablemente inmoral de alcanzar un fin deseable con medios intrínsecamente perversos” y condenaba “la insólita calificación de actos de servicio para la tortura, el secuestro impune, la muerte clandestina, la detención sin proceso, la entrega de niños a desconocidos y el latrocinio descarado de los hogares”.
Zazpe se preguntó entonces, “¿se puede continuar hablando de excesos, cuando todo el proceso antisubversivo respondió a una premeditada planificación?. ¿Se puede afirmar que no se dispone de más información, cuando los servicios de inteligencia controlan rigurosamente a personas, grupos, instituciones y teléfonos?”.
Eran las últimas palabras de Zazpe, pero las primeras que definieron con tanta claridad la planificación del terrorismo de estado y marcaban la ya infranqueable distancia con el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina.
La respuesta de Pío Laghi, primero y Calabresi, después, desde la Nunciatura, fue Storni.
La respuesta de Aramburu y Primatesta, también fue Storni.
Storni, entonces, no es una historia individual, sino la confluencia de los intereses del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina en complicidad con los factores de poder que impusieron el terrorismo de estado y se beneficiaron a través del mismo.

El dolor de ya no ser

-Los cristianos tienen el deber de mostrar “que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos”. Lejos de contrariarse con él, sepamos adherirlo con alegría, como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio. Así evitaremos que algunos confundan a Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que son, en efecto, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo -dijeron los dieciocho obispos que lanzaron el documento fundacional de los Sacerdotes por el Tercer Mundo el 15 de agosto de 1967.
Entre los 270 sacerdotes argentinos que adhirieron a este mensaje, a fines de aquel año, figuraban Carlos Aguirre, Elvio Alberga, Luis Amezaga, José María Boedo, Celestino Bruna, Angel Colombo, Osvaldo Catena, Victorio Di Salvatore, Edelmiro Gasparotto, José Gasser, Eladio Giovannini, Ernesto Leyendecker, Atilio Rosso, Severino Silvestri, René Trossero, Edgardo Juan Trucco, Cirilo Zenklusen y José Serra.
Tres de ellos, Edelmiro Gasparotto, Elvio Alberga y Severino Silvestri -treinta y cinco años después-, difundieron un comunicado pidiendo “sinceramente perdón” si pecaron por omisión al no haber evitado “la purificación tan dolorosa y escandalosa de ahora”, en alusión al caso Storni.
La carta, firmada por siete presbíteros en nombre de “muchos sacerdotes”, sostiene la necesidad de “servir con ánimo de construir una comunidad eclesial creíble”.
-Nos expresamos con dolor para pedir sinceramente perdón y misericordia si hemos pecado por omisión al no haber hecho todo lo posible para no llegar a lo que estamos viviendo ahora. Es posible que hubiéramos podido purificar a la Iglesia desde adentro, desde hace mucho tiempo, en lugar de llegar a la purificación tan dolorosa y escandalosa de ahora -dicen los sacerdotes.
También manifestaron su afecto, respeto y “entera disponibilidad al Pueblo de Dios de Santa Fe”, convencidos de que “después de la tormenta vendrá la calma” y “dispuestos a servir, en la normalidad, a una iglesia sirviente, pobre y acogedora, como lo quiere Jesús”.
La presencia de estos tres representantes del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo también reabre el debate sobre el rol político de la Iglesia en relación a los factores de poder del presente.
Aquellos que fueron capaces de no brindar los sacramentos a los representantes de la dictadura de Onganía y denuncia la explotación de los trabajadores y la feudalización de la pobreza, ¿podrán ahora difundir la necesaria información sobre la actuación de la iglesia de Storni en estos tiempos de concentración de riquezas, dependencia del poder judicial, multiplicación de la desocupación y vaciamiento de la educación pública?.
¿Estarán sus gestos del presente a la altura del compromiso que exhibieron hace casi cuatro décadas atrás?.